La Fiscalía General de la Nación solicitó el pasado 23 de junio a la Unión Nacional de Protección, UNP, fortalecer el esquema de seguridad del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti Villaneda, a fin de que pueda entregar ante ese organismo de investigación la declaración jurada que tiene pendiente en medio del proceso por posible financiación ilegal de la campaña del presidente Gustavo Petro.

La petición de la Fiscalía se fundamentó en que Benedetti afirma ha recibido amenazas de muerte, lo que le han impedido cumplir con la diligencia judicial.

La Unidad Nacional de Protección reportó de forma inmediata que comenzará a adelantar el estudio correspondiente para determinar si es posible mejorar las medidas de protección del embajador y de su familia.

RCN Radio confirmó que la UNP inició ya la “evaluación de inminencia” ante las denuncias hechas por el embajador sobre las intimidaciones en su contra, luego de haber hablado de un supuesto ingreso de alrededor de 15.000 millones de pesos a la campaña Petro Presidente el año pasado.

Si se establece que evidentemente existe una inminencia en el riesgo, el Gobierno deberá poner en marcha un “tramite de emergencia” para brindarle una mayor protección a él y a su familia, pese a que hoy en día ya cuenta con un esquema robusto. 

Como Benedetti continúa siendo embajador en Caracas, en caso de otorgarse medidas adicionales las mismas tendrían que repartirse entre el vecino país y el territorio colombiano, teniendo en cuenta los movimientos del funcionario y el lugar donde vive su familia.

Se espera que los resultados de la evaluación del riesgo sean entregados al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, este mismo miércoles, para tomar las decisiones que se requieran.